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Hermosillo, Sonora, 20 de junio de 2011.- El gobernador Guillermo Padrés envió al Congreso local la iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, que contempla la creación de un nuevo juez de ejecución para el otorgamiento de beneficios a los internos y modificación de penas, así como un sistema de trato individualizado para lograr una verdadera readaptación social.

A propuesta del Ejecutivo, esta Ley presentada a los diputados viene a sustituir la actual Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad, así como establecer cambios en el sistema penitenciario del Estado.

La presentación de la iniciativa por parte del Ejecutivo estatal se realiza en cumplimiento de una de las reformas a la Constitución Federal efectuadas en 2008, que establece la obligación para las entidades federativas de contar con sistemas de prevención y reinserción social, que permitan una mejor integración a la sociedad de las personas internas en los centros de readaptación social con motivo de la comisión de un delito.

Entre las características más destacadas de esta iniciativa de ley, se encuentra la creación de un nuevo tipo de juez, denominado juez de ejecución, que se encargará de decidir sobre el otorgamiento de beneficios a los internos y la modificación y duración de las penas, facultad que en el actual sistema es competencia del director de los Ceresos y del Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, es decir, de la autoridad administrativa.

Reinserción a la sociedad 
La iniciativa del gobernador Padrés adopta, además, un nuevo sistema que permitirá tratar a los internos de manera individualizada, tomando en cuenta la situación particular de cada uno y con base en cuatro ejes fundamentales, para lograr que al término de su sentencia puedan reintegrarse verdaderamente a la sociedad: El trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, y el deporte. 

La iniciativa deja de manifiesto la disposición del Gobierno estatal para realizar las acciones necesarias tendientes a lograr mejoras reales en la vida de los sonorenses, en especial de aquel sector representado por quienes se encuentran privados de su libertad conforme a las leyes penales, evitando su marginación social y la falta de oportunidades a que se enfrentan al recobrar su libertad, y constituye un avance firme en la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.